Ratifican pago de LAN a acusados de cohecho

PRIMERA AUDIENCIA DEL CASO QUE INVOLUCRA A FUNCIONARIOS DEL SII Primera audiencia por cohecho que involucra a LAN y funcionarios de SIIEl Ministerio Público sostuvo que existen documentos que acreditan el pago de 327 millones de pesos de LAN a Socogech por servicios prestados en 2002 para que la aerolínea recibiera cinco mil millones de pesos. La legalidad o ilegalidad de esta operación deberá ser investigada en el antiguo sistema penal. Otra cosa es el episodio 2006 de LAN Cargo, en el cual se basa la querella presentada por el CDE.

Ana Verónica Peña
Nación Domingo

Hay una huevá de LAN en “La Segunda”, ándate a la casa y busca un papel que dejé hoy en la mañana arriba de la mesa y quémalo.

–No me huevís…

 “A lo largo de la investigación hemos logrado acreditar el modo de operar de este grupo. Desde el interior del SII, Jaime Mancilla y Marjorie Durán entregaban información reservada y exclusiva de grandes y medianas empresas a Cañete y Sánchez”, sostuvo el fiscal Ramírez.
–No te estoy hueviando, hay una huevá del trabajo que hice pa’ LAN, de Mancilla y to’ la huevá. ¡Ándate a la casa y busca el papel, hay que quemarlo!

Esta es parte de la conversación que la tarde del lunes 22 de enero, Marcos Cañete Bahamonde sostuvo con su conviviente a través sus teléfonos celulares. Cañete no sabía que sus líneas estaban intervenidas por la Policía de Investigaciones. Lo supo este sábado, sin poder evitar el rojo intenso en su rostro, que trataba de ocultar entre sus manos, mientras escuchaba junto a todos los presentes la grabación aportada como prueba durante la audiencia de control de su detención y de otros tres involucrados en la red de cohecho. Entre estos últimos, un ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) y su esposa, funcionaria hasta entonces del Tribunal Tributario de la misma repartición.

En la ocasión, la fiscalía también confirmó que en el expediente se encuentran facturas, boletas y otros documentos que acreditan el pago de 327 millones de pesos por parte de LAN Chile a la Sociedad de Contadores Auditores de Chile (Socogech), de propiedad de Cañete Bahamonde, cancelados por la devolución de cinco mil millones de pesos en impuestos de parte del erario nacional, en virtud de un contrato suscrito entre ambas empresas en 2002.

Según la presentación del Ministerio Público –en la que participaron también la fiscal regional Sonia Rojas, designada este viernes como fiscal exclusiva, y el fiscal Iván Millán–, a mediados de 2006, siendo todavía funcionario del SII, Javier Mancilla ingresó indebidamente a la base de datos interna del organismo fiscalizador en busca del registro computacional de las facturas que LAN le había cancelado a Socogech, lo que motivó el inicio de un sumario en su contra, que nunca concluyó porque Mancilla renunció al servicio en septiembre del mismo año.

Los fiscales también confirmaron que los abogados de LAN pusieron en conocimiento del SII, semanas después de la renuncia de Mancilla, que los ejecutivos de Socogech los habían contactado nuevamente en 2005 para ofrecerles tramitar la devolución de 2.200 millones de pesos por concepto de “absorción de pérdidas”, dando señas de que manejaban “una gran cantidad de información confidencial”. Esto y lo elevado de sus honorarios le hicieron pensar que “habría algo raro”, por lo que los asesores jurídicos de la línea aérea rechazaron la oferta. Sin embargo, tiempo después se encontraron con que el ente fiscal no les devolvió la cantidad que ellos solicitaban, sino sólo 1.800 millones, habiéndole descontado 400 millones, en lo que suponían era una presión indebida por no haber accedido a la oferta. En la liquidación de estos dineros por parte del SII había participado Mancilla. Estos fueron los hechos que originaron la denuncia del SII ante el Ministerio Público y que dieron pie posteriormente a la querella que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó en noviembre pasado.

En un receso de la audiencia, el fiscal Ramírez dijo a LND que la legalidad o ilegalidad del pago de 327 millones de pesos de LAN a Socogech, en retribución por el giro de cinco mil millones de pesos que le hizo el fisco a la aerolínea, debería ser investigada en el antiguo sistema penal. De existir delito de cohecho en dicha operación, advirtió que le quedan sólo tres meses para prescribir.

Entre las pruebas acumuladas en el expediente, según relató el fiscal José Ramírez durante la audiencia, existen dos listas de grandes contribuyentes con problemas tributarios –incautados uno en la casa de Cañete y el otro en una oficina que éste frecuentaba–, con todos sus datos, incluido los códigos de los problemas que enfrentan y la identidad, domicilio y teléfono de sus respectivos representantes legales, “algunos de ellos con marcas especiales”, que están siendo investigados.

También está “el testimonio de una persona relacionada con uno de los imputados, que declara bajo reserva en forma voluntaria en fiscalía” –dijo Ramírez–, ratificando que Socogech operaba entre 2001 y 2002 de la misma forma en que estaba operando hasta hace sólo unos días (ver recuadro). A la salida del tribunal, el empleado de la sociedad de contadores Iván Sánchez, también formalizado en esta ocasión en su calidad de autor del delito de cohecho, dijo que se trataba de su ex pareja, una funcionaria de LAN Chile, de la cual no quiso entregar el nombre, con quien mantiene una disputa por la custodia de un hijo común.

En tanto, las dos personas relacionadas con el SII detenidas este sábado, Javier Mancilla y su esposa, Marjorie Durán, eran socios de la Asociación de Fiscalizadores del SII. Uno de los dirigentes de la organización, Daniel Cataldo, presente en la audiencia, dijo a LND que estaba sorprendido con lo que escuchaba en la audiencia: “Mancilla era un excelente funcionario, preocupado, hizo un magíster… Marjorie es una funcionaria de muy bajo perfil”. Hasta este episodio, ninguno tenía anotaciones en su hoja de vida.

Marjorie, quien hasta este viernes cumplía funciones en el Tribunal Tributario del SII, fue detenida horas antes del inicio de la audiencia en los alrededores de su domicilio. Su esposo, con orden de detención pendiente en su contra desde el día anterior, se presentó voluntariamente y se entregó durante la audiencia. El juez le ordenó que se ubicara junto al resto de los detenidos, y lo primero que hizo, antes de tomar asiento, fue besar varias veces a su mujer.

“A lo largo de la investigación hemos logrado acreditar el modo de operar de este grupo. Desde el interior del SII, Jaime Mancilla y Marjorie Durán entregaban información reservada y exclusiva de grandes y medianas empresas a Cañete y Sánchez, quienes contactaban a los dueños de las empresas para ofrecer sus servicios. No se trata de información pública, sino de información sumamente reservada”, sostuvo el fiscal Ramírez.

Uno de esos documentos fue destruido antes de que la policía llegara al domicilio del matrimonio, en la calle Los Presidentes, en Peñalolén. Sus restos hoy están siendo reconstruidos por personal especializado, dijo Ramírez.

No fue el destino que tuvo el documento que Cañete le ordenó quemar a su pareja. Cuando la mujer –que no fue identificada durante la audiencia– recibió la llamada estaba en Maipú, a cargo de una estación de servicio que ella y Cañete administran. Los detectives llegaron antes a su domicilio. El documento, que en palabras de Cañete da cuenta de la “huevá del trabajo que hice pa’ LAN, de Mancilla y toda la huevá”, hoy está en poder del Ministerio Público. LND


Término de giro con bonus track

César Vergara Peralta, representante legal de Sociedad Metalúrgica S.A., fue contactado en los primeros meses de 2006 por Iván Sánchez Santibáñez para ofrecerle realizar el término de giro de su empresa, a cambio de un porcentaje del monto de los impuestos que podría recuperar del Estado con la asesoría de Socogech.

El testimonio de Vergara, la grabación de una llamada telefónica entre Mancilla y Cañete, dando cuenta de los avances de estas gestiones ante el SII, y de otra entre Marjorie Durán y el funcionario de la oficina de La Florida del SII Gonzalo Novoa, advirtiéndole que el asunto debía estar terminado en “dos o tres días”, son parte de las pruebas del caso que sirvieron para formalizar a los cuatro imputados este sábado. A éstas se añade la carpeta con los formularios de esta tramitación, que fue incautada desde el escritorio de Novoa por la fiscalía la noche del miércoles.

Vergara no tenía nada que perder, le dijo Sánchez. El pago sería contra resultado. Alrededor de la mitad de los honorarios que cancelaría a Socogech, según le advirtió Sánchez, estaba destinada a “mojar a funcionarios de Impuestos Internos” o a “aceitar la máquina”. Entre otras diligencias, había que cambiar fraudulentamente la dirección de la empresa, para que el expediente cayera en manos del funcionario apropiado. Y lo hicieron.

Sánchez le dijo que podía conseguir que el erario nacional le devolviera entre cinco y seis millones de pesos. Finalmente le giraron 20 millones. Pero la operación culminó bajo la atenta mirada de la policía. Este fue el caso que permitió la formalización de los primeros cuatro detenidos.



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