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Corrupción y Transparencia:   CORRUPCION el lastre de la eterna transición


CORRUPCION
el lastre de la eterna transición


Corrupcion1. ¿Episodio, circunstancia aislada, daño colateral o crisis estructural? La corrupción en Chile -o “las irregularidades”, como se usa y repite hoy en día en el errático y pasmoso PPD- parece haber pasado a convivir con la administración del Estado. Durante los dieciocho años de nuestra aún no acabada transición, deben ser pocos los períodos sin un caso de corrupción. Sobre la base de estos antecedentes, que han dado para largos capítulos de la reciente historia política, ya no es un riesgo afirmar que en Chile los actos de corrupción en el sector público son una práctica cada vez más extendida, afirmación que sólo puede hacerse en democracia: durante el período que va de septiembre de 1973 a 1990, como de forma periódica nos enteramos, la corrupción fue un modo no sólo de hacer política, sino de vida. Pero no se trata de buscar empates; si se trata de juego, nos acercaríamos a uno de suma cero: lo que gana el corrupto es lo que pierde, diríamos, el país.

Es posible hacer esta afirmación pese a algunos sondeos de opinión que miden justamente lo contrario. Según el informe anual que elabora la organización independiente Transparencia Internacional, Chile se ubica en el lugar veinte del mundo en cuanto a baja percepción de corrupción y registra el menor índice entre los países latinoamericanos. Hablamos, sin embargo, de “percepción”, que es sensibilidad, impresión, sensación. No es constatación. Una analista del opositor Instituto Libertad y Desarrollo, Cristina Cortez, señala que este índice no mide hechos, sino refleja opiniones de analistas y hombres de negocios (residentes y extranjeros) sobre el fenómeno de la corrupción en un determinado país. “El problema con la percepción es que no revela necesariamente el nivel real de corrupción existente en un país, sobre todo considerando que probablemente la gente consultada no ha estado en estrecho contacto con un hecho de corrupción”.

Esta condición del sondeo, de simple percepción, distorsiona la medición: los casos de corrupción en la administración pública, que son básicamente el desvío de fondos estatales hacia las cuentas o los bolsillos de operadores políticos y funcionarios bien relacionados con los partidos, tienen sus propios y aislados circuitos. No son coimas ni comisiones por compras o servicios prestados, por tanto, generalmente no llegan a los despachos de los ejecutivos del sector privado.

Hasta hace pocos años se hablaba y se insistía que los actos de corrupción eran hechos aislados. Es difícil establecer una cuantificación monetaria, de número de casos, de funcionarios involucrados. No la hay, aun cuando hay algunas estimaciones sobre los gastos que requiere una institución o empresa para coimas, en un país determinado. Hay otras, más dramáticas, acerca de la cantidad de recursos públicos que se filtran hacia pagos indebidos. Así es como la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCED) calcula el gasto gubernamental para adquisiciones en 3,5 billones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, calculando por lo bajo, la cantidad perdida en el mundo en gasto gubernamental para sobornos asciende a unos 400.000 millones de dólares.

LA OSCURIDAD DE LAS CIFRAS

Sin cifras en la mano, a los chilenos no nos queda más que atender a las circunstancias y sus protagonistas. Sin una metodología de medición, lo que hay es una suma de eventos y figuras que circulan durante meses y acaso años por la prensa más que por los tribunales. ¿Exageración periodística? Tal vez. De una u otra manera, la prensa recuerda una de sus funciones básicas: controlar los excesos y los abusos de los gobernantes. ¿Que no lo hizo durante dieciséis años? Está bien, pero eso es harina de otro costal.

También es necesario acotar un poco más la materia: de qué se habla cuando nos referimos a la corrupción. Transparencia Internacional apunta al abuso de un funcionario público para el beneficio privado, en tanto el Banco Mundial dice que es “el abuso de un cargo público para obtener beneficios personales”. En ambos casos, queda un espacio más o menos nebuloso, que es y ha sido materia de discusión en Chile: lo que va reñido con la ética -y también con la política- no necesariamente está reñido con la legalidad. A todo ello se le suma otro factor: la medición tampoco es tarea sencilla porque por su propia y oscura naturaleza, intenta esconder su existencia.

Al anterior gran escándalo financiero del sector público, el caso MOP Gate -que ha sido sancionado no sólo por la prensa y la opinión pública, sino por la justicia como una actividad delictiva- y sin haber salido totalmente de la agenda pública, se ha sumado el caso Chiledeportes y todas sus relaciones, aristas y derivaciones. Un nuevo evento que surge cuando aquellas encuestas de percepción marcaban la dirección opuesta. En mayo pasado el sondeo anual que realiza el Instituto L&D revelaba que había bajado la sensación de corrupción entre sus encuestados, en tanto el informe de Transparencia Internacional difundido hacia comienzos de noviembre apuntaba también, si no a una baja, a una estabilización de los índices.

EL VERDADERO EFECTO:
LA CORRUPCION
DE LA POLITICA


Se trata de sensaciones, pero también se trata de una realidad que no sólo recibe sanciones legales, sino políticas. Y es éste, sin duda, su principal castigo. La fuerza que tiene la corrupción como tema de la agenda pública no deriva de la espectacularidad de sus procedimientos, de los volúmenes financieros involucrados o, incluso, de las figuras públicas implicadas, sino de sus efectos políticos. Los actos de corrupción en no pocos casos han impulsado la caída de gobiernos o han hecho desaparecer colectividades políticas completas.

Sólo en nuestra región existen abundantes ejemplos que recoge Patricio Orellana, profe-sor de la Universidad de Chile, uno de los escasos investigadores chilenos sobre esta materia. Una rápida mirada nos permite enumerar evidentes y certificados casos de corrupción, con sus correspondientes y trágicos efectos políticos.

La corrupción de la administración pública no sólo conduce a la corrupción del sistema político, sino a su colapso. Hace poco más de una década, la descomposición del gobierno de Alan García en Perú -que es hoy nuevamente presidente, pero ése es otro drama- terminó con el proceso democrático y en la virtual dictadura -y por cierto muy corrupta- de Alberto Fujimori. En Brasil, el golpe militar que derrocó en 1964 al gobierno de Joao Goulart estuvo justificado por el fin a la corrupción, la que Fernando Collor de Mello reinstaló en su breve pero catastrófico gobierno hacia inicios de los años noventa. Hoy, con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, las cosas parecen seguir, aun cuando no por el mismo cauce, sino por uno similar.

Suma y sigue. En Argentina la bestial dictadura que sucedió al gobierno de Estela Perón también levantó como justificación la bandera de la lucha contra la corrupción. En Colombia, el presidente Ernesto Samper fue acusado e investigado, en 1995, por haber aceptado dinero del narcotráfico para financiar su campaña electoral, lo que llevó a varios de sus partidarios a la cárcel y a la derrota de su partido en las siguientes elecciones. En Ecuador, la destitución de Abdalá Bucaram no fue sólo por su singular carácter y sus muy curiosas performances, sino por haber usado de forma irregular fondos de las arcas fiscales. Y está, cómo no citarlo, el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, que gobernó el país desde 1929 hasta 2000. En la década pasada el desempeño del PRI estuvo rodeado de escándalos, asesinatos -recordamos a Luis Donaldo Colosio- y todo tipo de delitos. Desde el cuestionado triunfo de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, menudearon las acusaciones de fraude, evasión fiscal, tráfico de influencias y de asesinato, de su ex cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, en 1994.

Por cierto que el caso mexicano merece un par de comentarios. Tras los escándalos de la década pasada, el PRI sufre en 2000 su primera e histórica derrota a manos del hoy presidente saliente, Vicente Fox, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN). Pero la historia parece ser cíclica. La memoria se hace fresca en las recientes elecciones y las acusaciones de fraude, de pérdida de papeletas electorales, oscuro proceso que, finalmente, favoreció al panista Felipe Calderón en desmedro del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador. El PRI, recordamos, llegó tercero en esta elección.

Venezuela tuvo que cambiar su estructura política a causa de la corrupción. Hacia 1993 un tribunal venezolano procesó a decenas de gobernadores, diputados, ejecutivos de empresas públicas y jueces, en un escenario de generalizada corrupción. El presidente Carlos Andrés Pérez fue destituido y condenado en 1996 por malversación de fondos públicos: un sistema político-partidario se vino abajo y abrió paso al gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez.

El profesor Orellana señala: “Paradojalmente los golpes militares y los gobiernos autoritarios son los que crean las mejores condiciones para la corrupción, ya que generan una estructura de poder centralizada, totalmente opaca y con una estrecha lealtad entre los miembros del poder, quienes habitualmente entienden que están por sobre la ley y que sus sacrificios merecen recompensas”. Nuestra experiencia de dieciséis años de dictadura nos ahorra hacer más comentarios.

LUCHA CONTRA
LA CORRUPCION,
UNA VIEJA HISTORIA


Hoy la oposición reclama que los gobiernos concertacionistas han hecho poco o nada para frenar la corrupción, ya detectada desde las primeras administraciones de la coalisión. Orellana cita el lamentable proceso para aprobar la actual ley sobre probidad administrativa.

En 1994 el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle llamó a constituir la Comisión Nacional de Etica Pública. De esta manera se convocaba a la sociedad civil a colaborar con el gobierno en un objetivo de carácter nacional: desarrollar y fortalecer la probidad pública. Esta Comisión pluralista elaboró un informe titulado Ética pública: probidad y transparencia al servicio de los ciudadanos. En 1999 se envió como proyecto de ley y se promulgó en diciembre de ese año, “ y como contenía numerosos errores y contradicciones denunciados por la Anef y académicos, no se hizo ceremonia de promulgación y se prometió hacer arreglos imprescindibles. La intención clara del gobierno era que esta ley no provocara un escándalo y se publicó en el Diario Oficial al día siguiente de las elecciones presidenciales, para que pasara inadvertida”, señala Orellana.

Pero hay otros y más profundos errores. “La tradición chilena de ética pública estaba plasmada en las disposiciones del Estatuto Administrativo y en el Estatuto de los Funcionarios Municipales. Allí se establece uno de los pilares de esta tradición: los funcionarios públicos no pueden ‘solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza’”.

Esta disposición, comenta Orellana, es la barrera legal a las presiones permanentes de algunos funcionarios y usuarios que pretenden institucionalizar la coima o soborno. “Sin embargo, con un fariseísmo extremo, esta misma disposición se mantiene en el proyecto, pero a continuación se ha agregado otra totalmente contradictoria que prácticamente la anula y que oficializa la corrupción. Ella dice: ‘Exceptúense de esta disposición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación’.
Primero se consagra un principio justo, probado en la práctica administrativa, y a continuación se le anula, abriendo cinco gigantescas fisuras, ya que ahora se pueden recibir regalos o donativos, siempre que sean oficiales, protocolares, manifestaciones de cortesía o manifestaciones de educación. Estas cuatro brechas destruyen totalmente la barrera legal que impedía la generalización de la coima”, señala Orellana.


Una sombría herencia

2. Es evidente que existe riesgo de descomposición del sistema político, de pérdida de lo restaurado en 1990, de hacer mayor daño a la credibilidad política en un proceso involutivo que puede conducir al “Que se vayan todos”, como ha ocurrido en nuestra vecindad. Pero el caso chileno tiene una doble complejidad. No sólo existe una situación de corrupción, que puede derivar en un mayor deterioro de la institucionalidad política, sino que las bases de esta institucionalidad están apoya- das en un marco corrupto. No necesariamente se trata de corrupción administrativa, sino tal vez de algo peor, que es la “corrupción ideológica”, concepto desarrollado por el sociólogo Felipe Portales. Esta idea, sustentada por ese autor desde finales de la década pasada en varios ensayos y artículos, ha sido hoy ampliada y difundida por actores sociales y políticos, proceso que profundiza el menoscabo de la Concertación.

Portales habla de “corrupción ideológica en el liderazgo de la Concertación”. La Concertación se conformó con la herencia de la dictadura y no sólo recibió un paquete sellado que contenía una institucionalidad económica, una Constitución Política, un sistema binominal, sino que, en muchos aspectos -y basta ver el económico- no hizo otra cosa que consolidar aquella herencia. Un diseño institucional modelado a partir de aquel lamentable concepto aplicado a las causas de derechos humanos, la “justicia en la medida de lo posible” de Aylwin, se ha extendido a toda la vida política, económica y social.

En esta misma línea de pensamiento se enmarca el profesor Orellana. A partir del retorno a la democracia lo que observamos es un deterioro ético -señala en uno de sus ensayos-, que ha quedado en evidencia con las tesis de los gobiernos de Aylwin y Frei. Aylwin, que levanta la idea de la “justicia en la medida de lo posible”, logra como resultado “establecer la impunidad a las violaciones de los derechos humanos y como subproducto, paralizar cualquier investigación en el plano de la corrupción que provoque reacciones similares. La receta es el olvido”.

Felipe Portales estima que “esta Concertación de quince años inevitablemente ha ido generando una relajación ética, natural en una coalición política que va habituándose al uso y disfrute del poder. Lo que decía Lord Acton de alguna manera es cierto, el poder corrompe y en ese sentido creo que hay casos preocupantes en este nivel. Pero sin embargo el fenómeno es también curioso: la derecha política, que levanta estos casos como tema con un horizonte electoral, no encuentra el mismo apoyo en la derecha económica, que tiende más bien a defender al gobierno”.

Frei amplificó estas políticas, señala. “Su orientación pasó a ser claramente una real politik pragmática que culminó cuando ordenó al Consejo de Defensa del Estado que suspendiera las investigaciones sobre los cheques por tres millones de dólares de fondos del ejército que Pinochet había pagado a su hijo”. Pero avanzó en esta línea aún más. “La Ley de Probidad y Transparencia, dictada en ese gobierno, cambió los principios éticos vigentes en la Administración Pública. De una ética de principios se pasó a una ética relativista, que se manifestó con la disposición que los funcionarios públicos pueden recibir regalos de los usuarios, lo que estaba taxativamente prohibido en la ley anterior. El resultado de esta política condujo al auge de la corrupción, que se extendió por toda la Administración Pública, la que adquirió dimensiones incontrolables en el siguiente gobierno, de Lagos”.

Las antiguas prácticas, como el cohecho, son nimias comparadas con los ejercicios actuales, afirma Portales. “Si vamos más lejos, el sistema electoral es una forma absoluta de corrupción, que altera absolutamente la voluntad electoral. Antiguamente, antes de 1958, se aplicaba el cohecho, que era una forma burda de corrupción, donde los grandes poderes económicos, la derecha, compraban el voto o lo llevaban acarreado. Pero ahora tienen un sistema mucho más limpio, más elegante, que es el sistema electoral binominal, que hace que la mayoría se convierta en minoría, o quede bloqueada en el Senado y en la Cámara para hacer cualquier cambio de significación. Eso es una gran forma de corrupción. Corrompe la voluntad popular de una manera maquiavélica, perfecta y limpia. Esto corrompe totalmente lo que puede haber de sistema democrático en Chile”.

Es esta línea de reflexión la que se ha extendido en estos días. A diferencia de los escándalos de corrupción anteriores, el actual trance ha llevado a una reacción clara y rabiosa. No sólo lo ha señalado la directiva del Partido Comunista, que ha ligado la corrupción administrativa a las bases poco éticas de nuestra estancada transición y actual institucionalidad, sino que también el discurso elevado desde otros sectores de pensadores y analistas. Aquel nudo, aquel oscuro resumidero en el aparato del Estado que se originó unos treinta años atrás, hoy permanece intacto

PAUL WALDER
17 de noviembre, 2006





Fecha: 2006-11-17

Por: PAUL WALDER

Fuente: Agencias

Fotos: Agencias

Idiomas: Russian language

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